Académicos apuestan por subir impuesto a alimentos ricos en grasa, sodio y azúcar

Fecha de publicación Martes 17 Abril - 2018 | Categoría Noticias

Camila Corvalán, doctora en Nutrición del INTA y Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública, participaron de un estudio interdisciplinario encargado por el gobierno de Michelle Bachelet y cuyos resultados fueron entregados recientemente. ¿Su propuesta? Gravar los alimentos con nutrientes dañinos para la salud, como una estrategia clave para enfrentar los altos niveles de obesidad que sufre el país, especialmente en los estratos socioeconómicos bajos.

Multiplicar por $1,9 cada gramo de azúcar que contenga un alimento, por $31 cada gramo de grasa y por $23 cada gramo de sodio, y al total agregarle el IVA, sería la fórmula adecuada para llegar al precio de los alimentos, según los resultados del estudio de Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañinos para la Salud en Chile -encargado por los ministerios de Salud y Hacienda del gobierno de Bachelet-, y realizado por un grupo de académicos de diversas áreas de las universidades de Chile, Católica y Adolfo Ibáñez en 2017.

Los académicos e investigadores de nuestro plantel, Camila Corvalán y Cristóbal Cuadrado, fueron parte del panel que hizo la propuesta, y hoy, aún sin novedades respecto a qué se hará con el estudio, apuestan por su aplicación como parte de una serie de acciones para combatir la epidemia en que se ha convertido la obesidad en Chile y disminuir las cifras, que en la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 mostraron, por ejemplo, que el 74 por ciento de la población tiene exceso de peso y el 3,2 por ciento viviría con obesidad mórbida.

“El resultado del estudio es bien fuerte en relación al alza que implica en los precios de algunos alimentos”, advirtió la Dra. Corvalán. En efecto, aplicando este impuesto, un kilo de vienesas que hoy ronda los 2 mil pesos pasaría a costar cerca de 10 mil, y una mayonesa de 800 gramos que hoy cuesta alrededor de $1.800 llegaría a costar casi $4 mil.

“Si uno lo mira desde un punto de vista concreto de aplicabilidad, nosotros avanzamos en tener reuniones con impuestos internos y organismos que lo tendrían que ejecutar, y la verdad es que no hay ninguna imposibilidad práctica. Si lo miramos ya desde una perspectiva de economía política, por supuesto que ahí hay otras transacciones que hacer, que son más bien del orden político”, contó la académica del INTA, quien detalló que la sugerencia del panel es que el impuesto se implemente simultáneamente para controlar el consumo excesivo tanto de grasas saturadas, como de sodio y azúcares, pero que en el caso que eso no fuera factible, la recomendación es que se haga de forma gradual, partiendo por el sodio, el azúcar y las grasas.

Alza al precio de la chatarra, ¿por qué?

La revisión de la experiencia internacional sobre este tipo de impuestos a alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas, fue uno de los ejes del estudio, que por otro lado realizó una estimación respecto a cuál es el exceso de enfermedades o de mortalidad debido al consumo excesivo de estos productos. “Tuvimos que ser capaces de diferenciar qué porcentaje de obesidad son prevenibles, si es que modificáramos los patrones alimentarios de la población, y a partir de esa estimación, establecer cuál sería el tamaño de un impuesto necesario para poder reducir el consumo que genera impacto negativo”, explicó Cristóbal Cuadrado.

En este mismo sentido, la Dra. Corvalán enfatizó en que “la medida en relación a gravar tiene que ver con tratar de disminuir externalidades negativas en relación a algunos eventos. Y un ejemplo súper claro es el que pasa en salud, en relación a la dieta súper poco saludable”.

Considerando que estos alimentos “dañinos” impactan en la obesidad y en enfermedades crónicas relacionadas a la obesidad, y que esto implica para el país costos en hospitalizaciones, tratamientos y pensiones de invalidez prematuras -que finalmente lo financian todos los contribuyentes-, estos impuestos, apuntan los especialistas, irían dirigidos tanto para disminuir su consumo como para costear todos esos gastos asociados estos malos hábitos.

“El precio que los consumidores pagan por esos alimentos no está considerando hoy las consecuencias que tiene para la salud que pagamos entre todos. Eso se llama externalidad. Con este impuesto se pagaría el gasto en salud, y las pensiones de invalidez que se producen por enfermedades prematuras”, concluyó el Dr. Cuadrado.

Medida clave

“El alza que ha tenido la prevalencia de la obesidad en Chile en la última década es dramática, es una de las más grande del mundo no solamente en obesidad, sino también en el incremento de personas diabéticas. De continuar así es totalmente insostenible para el sistema de salud el poder enfrentar las consecuencias que tiene para la población esta alta carga de enfermedad. Por lo tanto el único camino real en el mediano y largo plazo es que logremos tener medidas preventivas estructurales, que sean efectivas”, subrayó el profesor de la Escuela de Salud Pública, al justificar la incorporación del gravamen como una medida clave para enfrentar este problema junto a otras como el etiquetado, la regulación del marketing de alimentos ultraprocesados a los niños y la generación de entornos saludables en los colegios.

Asimismo Cuadrado detalló que “en todos los países donde se han aplicado impuestos o modificaciones de precios a los alimentos, como México, Dinamarca y Hungría, esto generó modificaciones en el consumo de las personas (…) La población es elástica a diferencias de precios y esa elasticidad suele ser mayor en los niveles socioeconómicos más bajos, lo que significa que la población que consume en mayor cantidad estos nutrientes críticos o alimentos más ultraprocesados, son los que responden más a los incentivos de precios”.

Los dichos del salubrista son reafirmados por la Dra. Corvalán quien señaló que “lo que estamos viendo en términos de sectorización de la obesidad y de sus complicaciones, es que justamente está concentrada en los grupos de menos recursos. Cuando uno mira el mapa nutricional de la JUNAEB, ve diferencias que son incluso del doble de la prevalencia de obesidad en comunas que tienen menores ingresos, comparado con comunas que tienen mayores ingresos. Entonces, efectivamente este tipo de medidas va a salir a apoyar a aquellos que están siendo más afectados por la epidemia de la obesidad”.

En este punto, la investigadora del INTA, también aprovecha de desmitificar la extendida creencia de que comer saludable es más caro que comer chatarra en Chile. “Si uno va a países como Colombia o Brasil, comer saludable es mucho más barato que comer ultraprocesado, por el contrario si uno va a países como Estados Unidos o Canadá es mucho más barato comer chatarra, y Chile se encuentra en una posición intermedia todavía y hay que tomar esa oportunidad. Hoy todavía podemos hacer una inflexión y volver a que haya más alimentación a partir de alimentos naturales, antes que los precios de la comida ultraprocesadas sean más baratas que los alimentos naturales”, afirmó Corvalán.

Finalmente, los académicos recalcaron la relevancia de que este estudio sea considerado por las nuevas autoridades y genere decisiones políticas. Para ellos, como comentó la profesora Corvalán, es claro que “la prevalencia sobre el 75 por ciento de exceso de peso a nivel nacional en adultos, o de más del 50 por ciento en niños de primero básico, el hecho de que las dietas poco saludables sean la primera causa de discapacidad y muertes prematuras en Chile, hacen que un tema como este sea un tema de la agenda política de cualquier gobierno, independiente de su orientación (…) De esto deberíamos estar hablando en salud y haciendo las acciones necesarias para generar un paquete de acciones que van a lograr que en el largo plazo se detenga esta epidemia de obesidad que vivimos”.

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