El envío al Congreso por parte del gobierno del proyecto de Ley de Educación Superior constituye un hito en uno de los procesos de reforma más relevantes para el futuro de Chile. En este contexto, queremos relevar ciertos elementos para aportar a la discusión que provocará la tramitación legislativa, rescatando el rol que en este proceso le cabe a la Universidad de Chile.

Durante las últimas décadas, la Educación Superior ha operado bajo un esquema de desregulación e inequidad manifiestos, producto de una política generalizada de privatización y al virtual abandono del Estado. La ampliación de la cobertura en educación superior se ha producido debido a una política basada en la demanda, pero sin las exigencias de calidad, transparencia y pluralismo que reclama un sistema acorde a las necesidades del país.

Frente a esta realidad, la ciudadanía y en particular los estudiantes han impulsado con fuerza un cambio para rescatar a la educación como un derecho social. En el caso de la Educación Superior, esto supone abandonar un sistema que ofrece programas universitarios como mercancías, entendiendo que la universidad debe ser a la vez espacio de desarrollo de los ciudadanos y las ciudadanas, así como de reflexión y creación de conocimiento, mirando de frente a la realidad del país. En dicha labor, la universidad no puede estar a merced de las reglas de la oferta y la demanda ni responder a intereses particulares.

En este contexto, cobra fundamental importancia el fortalecimiento de la educación superior de carácter público, de la cual la Universidad de Chile representa una de sus principales instituciones; y una regulación tanto académica, como financiera y de gestión del conjunto del sistema.

El proyecto del gobierno formula algunas propuestas para avanzar hacia la construcción de un sistema de educación superior que muchos anhelamos, tales como mejoras en los procesos de aseguramiento de la calidad –exigible a todas las instituciones y efectuados por una agencia estatal autónoma-, acreditación del conjunto de funciones que toda Universidad debe cumplir (docencia, investigación, vinculación con el medio), reconocimiento de la necesidad de eliminar el lucro, incorporación de centros de formación técnica e institutos profesionales como ámbitos de relevancia nacional, entre otras.

Sin embargo, estos propósitos no permitirán una profunda y verdadera transformación si no se fortalece la educación pública y si no se plantea una clara distinción entre intereses privados respecto de aquellos del Estado chileno.

La discusión que esperamos se inicie debe analizar críticamente las propuestas presentadas por el gobierno. Tanto aquellos que aspiran a la construcción de un sistema que vea a la educación superior como un derecho social como aquellos que tengan una visión diferente tienen la obligación de confluir en la esfera pública a deliberar sobre lo que sea mejor para Chile.

Desde la Universidad de Chile –comprometida desde nuestra misión institucional con el devenir de nuestra República– impulsaremos un proceso de discusión interna en nuestras comunidades, provocando un debate racional e informado, contrastando y compartiendo propuestas concretas. Asimismo, invitamos a un proceso de discusión nacional que recoja las opiniones de la ciudadanía en la materia. Esperamos que la Universidad de Chile sea así sede de una discusión abierta y franca, no solo porque la coyuntura nos involucra, sino porque es de la mayor importancia para el país y nos asiste el deber de hacernos parte, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia.

Por la misma razón, aunque los firmantes creamos en una nueva educación para Chile que pueda contribuir a la construcción de una sociedad más justa, hacemos un llamado abierto a la ciudadanía toda a encontrarnos y discutir de manera libre y sincera.

Firman esta declaración las y los integrantes e invitados del Consejo Universitario:

Ennio Vivaldi – Rector
Sergio Jara – Prorrector

Cecilia Albala – Representante de la Presidenta de la República
Sergio Bitar – Representante de la Presidenta de la República

Manuel Kukuljan – Decano de la Facultad de Medicina
Jorge Gamonal – Decano de la Facultad de Odontología
Manuel Agosin – Decano de la Facultad de Economía y Negocios
Arturo Squella – Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas
Roberto Aceituno – Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
María Eugenia Góngora – Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades
Santiago Urcelay – Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Clara Luz Cárdenas – Decana de la Facultad de Artes
Davor Harasic – Decano de la Facultad de Derecho
Patricio Aceituno – Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Roberto Neira – Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas
Carmen Luz de la Maza – Decana de la Facultad de Cs. Forestales y de la Conservación de la Naturaleza.
Marcela Pizzi – Decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Víctor Cifuentes – Decano de la Facultad de Ciencias

Verónica Cornejo – Directora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
José Morandé – Director del Instituto de Estudios Internacionales
Hugo Frühling – Director del Instituto de Asuntos Públicos
María Olivia Monckeberg – Directora del Instituto de la Comunicación e Imagen

Rosa Devés – Vicerrectora de Asuntos Académicos
Enrique Manzur – Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
Faride Zeran – Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones
Juan Cortés – Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios
Flavio Salazar – Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Jorge Hasbún – Director del Hospital Clínico Universidad de Chile

Consejo Universitario
www.uchile.cl/consejouniversitario
8 de julio de 2016

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